Es el tercer año consecutivo que académicos/as de la Facultad de Humanidades obtienen una distinción en esta categoría, la cual es elegida por los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Católica del Norte.
En el marco del 68° aniversario de la Universidad Católica del Norte, la casa de estudios entregó una serie de reconocimientos a quienes aportaron al desarrollo institucional durante el año académico 2023. En esta oportunidad, fueron galardonados los académicos de la Escuela de Psicología, Dr. Rodrigo Moya y Dr. Ricardo Espinoza, con el “Premio Investigación o Creación Artística Relevante de la Universidad Católica del Norte”, por el proyecto: “Observatorio de Infancias y Juventudes (OIJ) de la Región de Antofagasta».
Al respecto, el Dr. Rodrigo Moya agradeció el reconocimiento y la nominación por parte del equipo de la Escuela de Psicología. “Cuando nos enteramos que habíamos obtenido el Premio a la Investigación Relevante, fue un gran agrado y satisfacción por el reconocimiento de todos estos años de trabajo y sacrificios en pro de las niñeces y juventudes de la región. Además, nos sentimos orgullosos y gratificados por el trabajo realizado por todas/os los profesionales que hicieron posible la implementación del OIJ durante todo este tiempo”, añadió Moya.
Sobre el proyecto y su impacto en la región
El Observatorio de Infancias y Juventudes (OIJ) inició en marzo de 2019, tras ser aprobado como un proyecto de investigación aplicada por el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) del Gobierno Regional de Antofagasta. Su principal objetivo fue monitorear el estado de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de la región.
La ejecución del Observatorio no solo implicó evaluar el estado de derechos de infancias y juventudes en Antofagasta, sino que también logró tener una cobertura de intervención a sobre 8.600 NNAJ pertenecientes a las 9 comunas de la región. También investigó temáticas relevantes para la población infanto juvenil a nivel regional, como por ejemplo, la situación de NNAJ ingresados al sistema de protección de derechos, su participación política en torno a la revuelta social de Octubre del 2019, los efectos psicosociales ligadas a la Pandemia por Covid-19, entre otros.
Referente a esto, Moya afirmó que “fueron varios los desafíos a los que nos enfrentamos, sobre todo en los tiempos que se realizaron las investigaciones, como fue el caso del trabajo online, la logística para desplazarnos por toda la región, como así también, convencer a las autoridades respectivas de la importancia de construir espacios seguros desde el enfoque de derechos, ya que normalmente nos encontrábamos con el discurso adultista sobre “los deberes”, cuando planteábamos nuestro objetivo como observatorio respecto de conocer sobre cómo se estaban garantizando cierto ámbito de derechos. No obstante, celebramos el impacto generado con nuestras investigaciones, ya que fuimos convocados por la prensa y medios online regionales en variadas ocasiones para conocer sobre los resultados del área investigación, siendo incluso contactados por CNN Chile para entregar nuestro diagnóstico sobre salud y bienestar de las/los adolescentes producto del confinamiento por la pandemia por COVID-19”.
Por su parte, el académico Ricardo Espinoza, destacó la integración de profesionales de toda la región en instancias de capacitación que benefició a más de mil personas, la creación de un diplomado que tuvo dos versiones con un total de 80 egresados y la generación de una Red Regional de profesionales interesados en facilitar los procesos de incidencia política desde un enfoque de derechos. En este proceso se sumaron un número importante de estudiantes en diversos roles: ayudantes, estudiantes en práctica y tesistas, quienes se formaron en el modelo y colaboraron significativamente a lograr la cobertura necesaria para tener un alcance regional.
“Luego de un diagnóstico regional sobre las necesidades de formación, pudimos co-diseñar un programa de capacitaciones y un diplomado hecho a la medida de las necesidades de formación de las y los profesionales de la región. Esto nos tiene muy contentos ya que que pudimos contribuir a un ámbito que para muchos/as profesionales les resulta difícil costear por cuenta propia, generando una oferta no antes vista en la región e instalando capacidades para la concientización e incidencia sobre el tema”, detalló el Dr. Espinoza.
Proyecciones
En cuanto a las futuras líneas de trabajo del OIJ, Rodrigo Moya explicó que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, existen grupos de especial protección e interés sobre los cuales el Estado debe generar acciones necesarias para que sus derechos sean reconocidos y respetados. “Creo que es fundamental avanzar en estudios que permitan trabajar con NNAJ migrantes, pueblos originarios, de la diversidad sexual, neurodivergentes, con discapacidad y privados de libertad”, apuntó el académico.
El Dr. Espinoza señaló la importancia de contar con dos informes de monitoreo de DDHH de NNAJ de nuestra región, diseñados en base a estándares internacionales en materia de derechos humanos y de acuerdo a las características de la región, lo cual representa un aporte significativo a los líderes políticos, ya que entrega una serie de indicadores relativos a ámbitos de la vida de esta población, logrando identificar brechas en cuanto al ejercicio de sus derechos, desagregando esa información por género, comuna y tramo de edad. “Esto es una gran oportunidad para fortalecer estrategias de intervención y políticas públicas que se focalicen en los hallazgos generados por el equipo OIJ, por ende, el diagnóstico está hecho», concluyó el académico.
En la actualidad, ambos profesionales de nuestra casa de estudios se encuentran trabajando de forma colaborativa con otros organismos públicos de la región, para la edición de un tercer informe de observancia de derechos, orientado a visibilizar temáticas específicas tales como: la generación de un nuevo modelo asociado a la responsabilidad penal adolescente, la situación de NNAJ migrantes y la implementación de un sistema integral de garantías, lo cual había sido una tarea pendiente por parte del Estado de Chile, junto con otras temáticas regionales asociadas a este grupo de especial interés.
