Por Mg. Romina Gómez López , Dra. Nielka Rojas González y Dr. Rodrigo Moya Vergara
Escuela de Psicología I Escuela de Educación
Universidad Católica del Norte
Diversidad y adversidad aluden a distintos fenómenos; no obstante, frecuentemente aparecen unidos en el acontecer educativo chileno. En los últimos años y días hemos sido testigos de la violencia que está presente en la institución educativa, de manera especial por su mayor frecuencia e intensidad en aquellas que imparten enseñanza media. Esto último no es novedad, pero que el fenómeno se muestre abiertamente al interior de los establecimientos, espacio que históricamente ha representado un oasis en medio de la agresión social, es algo nuevo e inquietante.
La violencia escolar es un fenómeno antiguo que ha adquirido visibilidad, expresiones y facetas diversas en el desarrollo de Chile; no es un síntoma actual ni único, es cuestión de otras épocas y también de otros países.
El análisis se ha ido realizando desde varios focos: económico, social, cultural, político y de organizaciones de las escuelas, sumado a la visibilidad de los acontecimientos que los medios de comunicación generalizan. Los profesores, familias, directivos e instancias de gobierno se preocupan por entender qué pasa en las escuelas y cómo generar estrategias de solución, pero sigue siendo un tema de gran preocupación, a veces con medidas emergentes más que estructurales.
Los estudios se han orientado a los problemas de adicciones, consumo de drogas y violencia intrafamiliar, temas que se asocian con el rendimiento académico y la violencia escolar. Desde el ámbito educativo hay otros factores que se contemplan, como el bullying, tipos de acoso escolar, violencia virtual, uso de armas, entre otros aspectos que desatan la violencia. Siendo un tema que aún falta profundizar por las dinámicas del tiempo y la sensibilidad de las personas, que sin duda muestra que las escuelas y liceos son un campo vulnerable por las diversas problemáticas sociales que se viven a diario y que suscitan situaciones de violencia.
Causas como la falta de disciplina en las escuelas, la delincuencia, la agresión a profesores y profesionales de la educación, las peleas entre estudiantes, el desorden, la falta de atención en el aula, entre otros, conllevan a violencia de distinta gravedad y que tiene repercusiones variadas. Esto no solo lo podemos asociar a lo que ocurre en la escuela, ya que involucra lo extraescolar; es decir, a lo social.
Normalmente, se tiende a generalizar que la violencia se produce por las familias disfuncionales, estudiantes sin normas en los hogares, familias poco comprometidas; atribuir al lugar de dónde vienen los estudiantes, hogares violentos sin un núcleo familiar, generando una mirada explicativa interna a las escuelas, pero también se genera una mirada externa. El estudiante lo entiende como una manera de defenderse frente a otros, mientras las instituciones lo ven como indisciplina o falta de respeto, las familias como falta de liderazgo de los directivos o normas de disciplina que no se cumplen en las escuelas o liceos. Estas miradas aisladas o individualizadas hay que evitarlas. Es fundamental considerar que cada contexto es particular; por tanto, difícilmente las soluciones son las mismas y pueden extenderse a las comunidades escolares. Hay que comprender que los problemas son naturales a la convivencia y hay que mejorarlos, y de ninguna manera que generen violencia.
Tampoco basta con reconocer la complejidad del fenómeno si no somos capaces de interpelar la responsabilidad social más amplia que lo sostiene. Como sociedad, tendemos a conmovernos frente a los hechos de violencia extrema, pero convivimos cotidianamente con formas más silenciosas de violencia que ayudan a producir las condiciones para su emergencia, como maltrato simbólico, humillación, exclusión, deslegitimación del otro, respuestas punitivas como primera opción, debilitamiento de los vínculos comunitarios y creciente indiferencia frente al sufrimiento psíquico de niños, niñas y adolescentes. La violencia que irrumpe en la escuela no puede entenderse solo como un fracaso individual o institucional; también expresa un entramado social que normaliza la hostilidad, debilita el cuidado y luego se escandaliza cuando sus consecuencias se vuelven imposibles de ignorar.
En este sentido, resulta necesario ampliar el análisis hacia una perspectiva verdaderamente multisistémica, incorporando dimensiones que han sido menos abordadas. Una de ellas es el rol que cumplen las organizaciones laborales en las que se desempeñan madres, padres y tutores. Las condiciones de trabajo, las jornadas extensas, la falta de flexibilidad y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar inciden directamente en las dinámicas de cuidado, en la disponibilidad emocional y en la presencia efectiva de los adultos en los procesos de crianza. La evidencia reciente en Chile, particularmente desde la medición de factores de riesgo psicosociales (CEAL-SM/SUSESO, 2024), da cuenta de niveles relevantes de riesgo en la dimensión de conciliación vida laboral – familiar, lo que tensiona la vida cotidiana de las familias.
A esto se suman brechas de género persistentes, en las cuales las tareas de cuidado siguen recayendo de manera desproporcionada en las mujeres, generando sobrecarga, agotamiento y desgaste. Este escenario no solo afecta el bienestar de los adultos, sino que también impacta indirectamente en los estudiantes, quienes muchas veces crecen con altos niveles de autonomía forzada, escasa supervisión o mediación adulta e incluso con una fuerte presencia de la tecnología como principal espacio de socialización. Por tanto, la violencia escolar no puede analizarse únicamente desde la escuela o la familia en sí misma, sino también desde las condiciones estructurales que configuran espacios de cuidado. Esto implica interpelar a las organizaciones y a las políticas públicas para avanzar hacia modelos que promuevan la conciliación, la corresponsabilidad y el fortalecimiento de redes de apoyo e instituciones de cuidado. Disminuir la sobrecarga parental y generar condiciones más saludables para la vida familiar no solo es una medida de bienestar laboral, sino también una estrategia preventiva clave frente a la violencia en contextos educativos.
Específicamente, las escuelas y liceos generan campañas sobre temas de violencia, jornadas con estudiantes y apoderados, jornadas con profesores; hay apoyo, podemos estar más conformes o no, pero acciones se realizan. Sin embargo, esto lleva a una necesidad de evaluar y hacer seguimiento a los programas implementados de manera constante. Por ejemplo, en Chile el Mineduc, en alianza con Fundación Paz Ciudadana y Educar Chile, desde el año 2020 implementa el programa “Convive en la escuela”, que busca atender a los problemas de convivencia que se viven al interior de las comunidades educativas y que se repiten en distintos niveles de enseñanza. Otra acción más reciente, desde agosto de 2022, es el “Protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual (DEC)” dirigido a estudiantes de establecimientos con subvención del Estado, en el cual este protocolo entiende como la falta de capacidad del estudiante para gestionar su estado emocional de forma adecuada, pese a los intentos de intervención docente. Este y otros programas deben sostenerse en el tiempo para ir evaluando su efectividad y realizar ajustes; por lo cual es necesario reconocer lo que se hace bien en las escuelas y lo que funciona.
Del mismo modo, sería un error responder a esta crisis exclusivamente desde dispositivos de control, vigilancia o endurecimiento disciplinario. Aunque la seguridad es una dimensión necesaria, por sí sola no resuelve el problema y puede incluso profundizar climas de sospecha, temor y exclusión si no va acompañada de estrategias preventivas, relacionales y de salud mental. Cuando una comunidad educativa organiza su convivencia solo desde la lógica del riesgo y la amenaza, corre el peligro de debilitar justamente aquello que más necesita fortalecer, como lo es la confianza, la presencia adulta significativa, la capacidad de anticipación y el sentido de pertenencia.
En esa misma línea, no corresponde confundir medidas de seguridad física, como los pórticos detectores, con una política efectiva de convivencia educativa. Estos dispositivos pueden operar como respuestas visibles frente a la presión pública, pero no abordan por sí mismos las condiciones relacionales, institucionales y estructurales que sostienen la violencia. Incluso, si se transforman en la respuesta predominante, pueden consolidar una lógica de control y sospecha que empobrece la experiencia educativa y debilita el sentido de comunidad que precisamente se requiere reconstruir en las escuelas y liceos.
Hay quienes consideran que se pueden generar medidas disciplinarias más duras, pero esto puede producir efectos contrarios. Hay que buscar medidas menos instrumentales, generar más estrategias que regulen la convivencia desde el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, crear conciencia sobre los daños que genera la violencia, aumentar la autonomía para resolver situaciones, fomentar la toma de decisiones justas y responsables. Es necesaria la participación de distintos actores de la escuela y, para eso, se requiere de articulación y apoyo de todos y todas, de modo que las iniciativas tengan impacto.
Es necesaria más investigación; los estudios sobre la violencia escolar han de realizarse por personas que conozcan los contextos y realidades de las escuelas, como funcionan en relación con la intervención. Afrontar los desafíos en investigación puede conducirnos a mejores condiciones para abordar los graves problemas de violencia que estamos viviendo a diario en los espacios de aprendizaje. Debemos reconocer que las escuelas no son un espacio de violencia, peligroso o de riesgo; las escuelas son un espacio que debemos repensar, valorar y relacionar con otras esferas sociales.
Propuestas para una respuesta integral frente a la violencia en contextos educativos
Enfrentar la violencia en contextos educativos exige abandonar respuestas parciales, reactivas o puramente instrumentales. Se requiere avanzar hacia una estrategia integral que combine prevención, cuidado, regulación institucional, salud mental y responsabilidad intersectorial. En primer lugar, resulta necesario fortalecer la formación inicial y continua de docentes y otros profesionales de la educación en convivencia educativa, desarrollo socioemocional, salud mental, prevención de violencias y abordaje de situaciones de desregulación, de modo que estas temáticas no permanezcan en la periferia del currículum formativo. En segundo lugar, se vuelve indispensable reconocer que las familias cuidan en condiciones estructurales muchas veces adversas, por lo que las políticas de conciliación entre vida laboral y familiar, la corresponsabilidad en el cuidado y el fortalecimiento de redes de apoyo no constituyen medidas accesorias, sino componentes preventivos relevantes frente a trayectorias de desprotección y violencia.
En tercer lugar, las escuelas requieren condiciones institucionales más robustas para sostener el trabajo preventivo: equipos de convivencia menos sobrecargados, mayor articulación con salud y protección social, espacios de seguimiento de casos y tiempos institucionales destinados al vínculo y no solo al cumplimiento administrativo. En cuarto lugar, toda política pública en esta materia debiese incorporar evaluación, seguimiento e inversión sostenida, superando la lógica de intervenciones episódicas o simbólicas. Finalmente, es urgente que los organismos responsables de la administración educativa se abran de manera más decidida al diálogo con la evidencia disponible, incluyendo la investigación desarrollada en los propios territorios. La violencia en la escuela no se enfrentará con negación, secretismo ni respuestas aisladas, sino con una conversación social más honesta sobre las condiciones que la producen y con una acción colectiva sostenida para transformar dichas condiciones.
Repensar la escuela como espacio protector exige algo más que condenar la violencia cuando esta estalla. Exige revisar críticamente las formas visibles e invisibles en que la sociedad la produce, la tolera y la desplaza hacia las comunidades educativas. Si realmente queremos cuidar a niños, niñas y adolescentes, no basta con exigir más a la escuela, profesores y equipos; debemos también transformar las condiciones sociales, laborales, familiares, culturales e institucionales que erosionan el cuidado y debilitan la convivencia. De lo contrario, seguiremos reaccionando con horror ante hechos extremos, mientras mantenemos intactas muchas de las violencias que los hacen pensables.
